Historia oculta

Catalogar el mal: los índices de libros prohibidos

Durante siglos, el Tribunal del Santo Oficio se erigió como el mayor aparato censor de Occidente. Las listas de libros malditos se incrementaron exponencialmente con su aparición, convirtiendo la quema de textos, la prohibición de la lectura y la persecución de de la heterodoxia en su principal cometido.

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Periodista

31 de Enero de 2020 (12:45 CET)

Catalogar el mal: Los Índices de Libros Prohibidos
Catalogar el mal: Los Índices de Libros Prohibidos

El mayor exponente de la censura y el control del saber fueron los llamados Índices de Libros Prohibidos, extensos catálogos que incluían las obras y los autores de las mismas “indignos” para la ortodoxia oficial de la religión cristiana. En ellos se incluyeron obras de una sorprendente diversidad, desde textos teatrales a libros de oraciones, obras clásicas, tratados de alquimia, grimorios, manuales de magia, escritos reformistas... El varapalo al saber y el canto a la intolerancia fue de tal magnitud que importantes hombres cuyas aportaciones al conocimiento fueron vitales para el desarrollo de la ciencia moderna fueron juzgados por sus teorías, como Galileo Galilei, quien hubo de retractarse de las mismas ante el Tribunal; otros, por desgracia, fueron enviados a la hoguera, como el gran filósofo italiano Giordano Bruno, condenado en el año 1600 y quemado vivo en Campo dei Fiori, en Roma, un lugar que hoy ocupa una imponente estatua en su honor.

Orígenes de una institución

La Inquisición toma su nombre de un proceso penal conocido como la inquisitio, inexistente en el derecho romano y que se caracterizaba por la formulación de una acusación por iniciativa directa de la autoridad, sin necesidad de instancias de parte –delaciones o acusaciones de testigos-. Aunque a partir de 1184, con el decreto Ad Abolendam del papa Luciano III se empieza a aplicar la pena de fuego a los herejes, además de la confiscación de bienes y la utilización de horribles métodos de tortura, la inquisición no se crea oficialmente hasta el año 1229 en Francia –a partir del conocido como Sínodo de Toulouse-, en un principio de mano del papa León IX para reprimir la herejía albigense o cátara. El primer inquisidor oficial fue el dominico Roberto Brougre, que en un primer momento perteneció al mismo movimiento cátaro. Esta inquisición medieval, diferente de la moderna, gozó de su mayor apogeo, según Carcel, en la segunda mitad del siglo XIII.

En dicho siglo existían ya tribunales en países como Polonia, Bohemia, Portugal o Alemania, aunque sería en España, país donde por aquellos años aún no estaba instituida la inquisición, donde ésta gozaría de mayor éxito; a pesar de la importancia de la Santa Sede en el devenir de la institución, en España ésta –conocida como Santo Oficio- dependía en gran parte del control estatal, a diferencia del resto de países europeos, que debían rendir cuentas exclusivamente a Roma.

Durante los años de apogeo de la institución medieval, el Concilio de Tarragona y un edicto real de Jaime I, pedía al papa Gregorio IX que se sentaran las bases de la Inquisición en la Corona de Aragón, estableciéndose la organización del Tribunal bajo la jurisdicción de los obispos y el dominio, prácticamente exclusivo, de los dominicos.

Con la llegada al poder de los Reyes Católicos se dio paso de la antigua inquisición medieval a la moderna, alterándose muchas cosas con este cambio. Durante los años de la antigua institución la principal prioridad de ésta, siguiendo los designios de Roma, era perseguir a los herejes que surgían de los numerosos conflictos religiosos de la Europa Medieval –albigenses, husitas y un largo etcétera...-, pero cuando se fundó la inquisición moderna la mirada de los dirigentes cristianos estaba puesta en el nuevo y revolucionario invento de la imprenta, que estaba permitiendo divulgar los escritos de Lutero y otros protestantes con una rapidez nunca vista. Era necesario, por tanto, frenar aquella distribución de textos sacrílegos y la mejor manera de hacerlo fue dar forma a una institución que publicara catálogos de libros prohibidos y persiguiera con saña cualquier intento de disidencia. España fue precisamente uno de los países que más preocupado se mostraría, principalmente durante los reinados de Carlos V y Felipe II, ante el avance de la doctrina reformista.

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Isabel de Castilla subió al trono en 1479. A partir de ese momento surgiría el Santo Oficio o nueva inquisición, más como arma política que religiosa. En el año 1483 Isabel, ya conocida como “la Católica” creó el Consejo de la Suprema y General Inquisición, que funcionaría dentro del reino de Castilla, bajo la autoridad del terrible inquisidor general Tomás de Torquemada que Benito Pérez Galdós elevaría a la categoría de personaje infernal. Después, el papa Sixto IV le nombraría inquisidor de Aragón, Cataluña y Valencia, instalándose progresivamente tribunales en diversas ciudades españolas.

Con la bula Licet ab initio, el papa Pablo III instituyó el 21 de julio de 1542 la Inquisición Romana, un tribunal fuertemente centralizado, del que la Inquisición española era independiente, de hecho, llegó incluso a regir los designios de la romana en numerosas ocasiones, algo que su vecina Francia no veía con buenos ojos.

Aliada de la Contrarreforma

El miedo a la expansión del protestantismo y el desarrollo de la imprenta a finales del siglo XV forjaron, como ya he señalado, los cimientos de la futura censura eclesiástica. Previas a la aparición de los primeros Índices de Libros Prohibidos fueron diversas bulas papales que se habían encaminado ya a limitar la circulación de los libros que con tanto terror se veían desde Roma. La bula Inter Sollicitudines de 1515 fijó los principios de una generalizada censura previa: era necesario que cada libro poseyera el conocido como imprimatur, la autorización eclesiástica para la impresión, paso previo indispensable para la posterior publicación y circulación de un libro, y que debía figurar en las primeras páginas del mismos –fueron notables, no obstante, las numerosas falsificaciones de esta licencias a lo largo del tiempo-.

Esto llevó a que la impresión de obras protestantes fuera casi inexistente en casi todos los países europeos, obras que se imprimían clandestinamente o circulaban manuscritas, corriendo el peligro aquél que las poseyera de ser acusado de herejía y condenado a la pena de la hoguera.

En España, en el año 1554, el Consejo Real de Castilla gozaba del privilegio de otorgar las licencias de impresión, método eficiente que ahora se utilizaba para frenar la influencia protestantes y que años atrás había servido en la lucha contra judíos y moriscos.

Según el profesor italiano Mario Infelise, la monarquía española controlaba cada fase de la producción y circulación de los libros, “sólo el Consejo Real podía autorizar, por escrito, la impresión, y sólo el Consejo Supremo de la Inquisición podía dirigir la actividad represiva bajo pena de muerte”.

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Finalmente, la estrategia de la censura previa se mostró insuficiente para luchar contra la herejía, pues los impresores burlaban los controles y acababan editando los libros prohibidos. Entonces se instauró en la Santa Sede la llamada Congregación del Índice de Roma, encargada de realizar los tristemente famosos Índices de Libros Prohibidos que constituirían la más tenaz y directa herramienta para el control del saber heterodoxo. Junto a estas largas listas, los señores inquisidores tenían licencia para registrar bibliotecas, detener a libreros sospechosos –aún sin indicios- o a impresores, y a saquear viviendas en busca de los libros malditos recogidos en los catálogos.

Entre 1544 y 1556, se redactaron seis índices en la Facultad de Teología de la Sorbona, en los que se prohibían hasta 528 obras. Entre 1546 y 1558 los monarcas españoles Carlos V y Felipe II, emperadores de la censura ibérica, ordenaron a los teólogos publicar tres catálogos en los que se incluían los textos de los reformistas, además de las ediciones en lengua vulgar de la Biblia y el Nuevo Testamento. La prohibición de Biblias por aquél entonces estaba a la orden del día, pues los mandatarios de la Iglesia Católica, y por extensión los monarcas más puritanos, pretendían evitar a toda costa que el pueblo interpretase los textos sagrados por sí mismo, sacando sus propias –y claro, “erróneas”- conclusiones sin mediar la intercesión de los siervos de Dios en la Tierra –sacerdotes, obispos, cardenales...-.

Felipe II, monarca que como ya sabemos se interesó sobremanera en las ciencias ocultas, la alquimia y los libros malditos, mostraba paradójicamente un pánico casi patológico al avance de la Reforma protestante, llegando a prohibir que cualquier libro procedente de las universidades europeas pasara la frontera.

El Índice romano

Fue en el año 1559 cuando apareció en Roma el primer índice romano como tal, titulado Index Librorum Prohibitorum, lo cual significó un importante salto cualitativo en la lucha del catolicismo contra la herejía. Fue promulgado por el papa Pablo IV siendo el más severo de la historia, ya que incluía las condenas más radicales y directas. Surgía entonces la obligación de los fieles de entregar los libros que figuraban en las listas directamente al Santo Oficio.

La estructura del índice romano permaneció prácticamente inmutable hasta finales del siglo XVII. Solían incluir más de mil prohibiciones y se dividían en tres categorías –aunque existían peculiaridades en cada caso-. En el primer grupo figuraban los autores o católicos, a los que se les prohibía toda su obra. Les seguía un segundo grupo con 126 títulos referidos a 117 autores(4) y finalmente, una tercera parte en la que se enumeraban 332 títulos anónimos. Al final del índice se agregaban dos listas: una de 45 Biblias y Nuevos Testamentos prohibidos y otra de 61 impresores, sospechosos de publicar obras censuradas y que se circunscribían generalmente a la zona helvética y alemana, donde el avance del protestantismo era imparable.

Según Infelise, dentro del tercer grupo, en el rubro (título o rótulo) libri omnes, figuraban prohibiciones sumarias, entre las que se encontraban diversos libros: aquellos que no tuvieran en el frontispicio el nombre del autor, del impresor, la fecha y el lugar de edición, los aparecidos si la debida autorización inquisitorial o los publicados por los citados impresores heréticos, además de una categoría importante en nuestro trabajo: las obras de carácter mágico y astrológico, siempre perseguidas.

En España aparecieron diferentes índices en los que se incluyeron multitud de obras y autores prohibidos, algunos que prohibían las obras completas y otros, conocidos como Índices Expurgatorios, -el primero apareció en 1583- que sólo eliminaban ciertos capítulos o párrafos de las mismas. En el denominado Índice y Expurgatorio se eliminaban ciertos pasajes o frases de acuerdo a los criterios del censor –en la España del Siglo de Oro algunos de los mejores escritores de nuestras letras, como Lope de Vega o Calderón de la Barca ejercieron como censores para el Santo Oficio-.

La Sanción Pragmática

No seguir las indicaciones marcadas en los índices suponía una grave afrenta castigada con dureza. Un año antes de que la Congregación del Índice de Roma elaborara su primera y única lista, en España la infanta Juana, en ausencia de Felipe II, promulgó en 1558 la conocida como Sanción Pragmática, en la que se hacía referencia a castigos muy severos e incluso la muerte, por la posesión de libros condenados.

Poco después el Index Librorum Prohibitorum suministró el más completo catálogo de libros heréticos, de versiones no autorizadas de la Biblia, libros de ciencia heterodoxa y obras de ocultismo, magia y adivinación –en 1490, como notable antecedente, se habían quemado en Salamanca 6.000 volúmenes sobre magia y hechicería-. En España, el capellán de Felipe II, Alfonso de Castro, se jactaba de que si la Península Ibérica estaba libre de herejías era precisamente porque se había prohibido la literatura herética, al contrario –decía- de lo que ocurría en países como Italia, Francia o el sur de Alemania.

Antes de que fuera compuesto el índice romano, habían circulado otros de gran importancia como el de la Universidad de la Sorbona (1544 y 1547) o el de Lovaina (1546 y 1550). El primero de estos catálogos utilizado por el Santo Oficio español se publicó en 1547, aunque no era sino una reedición del índice de Lovaina; el primero propiamente español fue el de 1551.

El último Índice de Libros Prohibidos apareció en España en el año 1707. Con él se ponía fin a un largo período en el que éstos nefastos catálogos simbolizaron el martirio al saber y la intolerancia del hombre como nunca antes se había visto.

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