AARO contará con investigadores civiles para investigar ovnis
AARO prevé utilizar informes públicos para mejorar el análisis general de los UAP y enriquecer los casos abiertos de fuentes gubernamentales y policiales
La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, acaba de mover ficha. Y no es una menor.
En un documento publicado discretamente en su web oficial —un “Information Paper” relativo a un taller sobre UAP celebrado a finales 2025 y organizado por Associated Universities, Inc. (AUI)— la oficina detalla su intención de estandarizar la recopilación, categorización y análisis de informes sobre fenómenos anómalos no identificados.
A simple vista, podría parecer un paso técnico más. Un ajuste burocrático. Pero en el contexto del debate sobre los UAP y la presión pública por mayor transparencia, este movimiento merece una lectura más profunda.
Porque la pregunta no es solo qué van a recopilar, sino cómo, con quién y, sobre todo, qué parte de esa información verá la luz.
De la opacidad militar a la colaboración civil
Según el documento, la AARO organizó un taller con participación de investigadores civiles, universidades y agencias gubernamentales. El objetivo declarado: crear un marco común para que los datos sobre UAP sean comparables, trazables y científicamente útiles.
Esto supone reconocer algo que durante décadas se evitó admitir: que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde el ámbito militar. La casuística es demasiado amplia, los sensores demasiado diversos y los testigos demasiado heterogéneos como para encapsularlo en informes clasificados.
En otras palabras, el Pentágono parece asumir que necesita ayuda externa.
Pero aquí surge la primera incógnita: ¿estamos ante una colaboración científica genuina o ante un intento de canalizar —y filtrar— la información que durante años ha circulado por fuera de los circuitos oficiales?
No olvidemos que la AARO nació tras el controvertido recorrido del UAP Task Force (UAPTF) y bajo la presión del Congreso. Tampoco olvidemos las críticas que recibió su anterior dirección por minimizar ciertos casos históricos o descartar hipótesis sin acceso público a los datos completos.
¿Avance metodológico o embudo informativo?
Uno de los puntos centrales del informe es la necesidad de establecer protocolos uniformes de recogida de datos. Esto incluye formatos de reporte, categorización de eventos, criterios de calidad y sistemas de intercambio de información.
Desde el punto de vista científico, es impecable. Sin estandarización no hay comparación posible. Sin comparación, no hay estadística. Y sin estadística, no hay ciencia.
Pero la estandarización también implica algo más sutil: definir qué cuenta como dato válido y qué no.
¿Se aceptarán únicamente informes respaldados por sensores militares certificados? ¿Quedarán relegados los testimonios civiles que no encajen en ciertos parámetros técnicos? ¿Quién decide qué es “anómalo” y qué es “identificado”?
El diseño del marco metodológico es, en sí mismo, una forma de poder.
Más datos públicos… ¿hasta dónde?
El documento sugiere que se busca un intercambio de datos públicos más estructurado. La palabra clave es “estructurado”. No se habla de acceso irrestricto, sino de un flujo organizado bajo criterios previamente definidos.
Es un matiz importante.
Porque una cosa es publicar estadísticas agregadas y otra muy distinta es permitir el acceso independiente a datos brutos, grabaciones originales o información contextual completa.
La historia reciente del fenómeno UAP ha demostrado que la narrativa oficial puede evolucionar. Lo que ayer era “imposible” hoy es “no explicado”. Lo que antes era ridiculizado ahora es objeto de audiencias en el Capitolio.
En ese contexto, la transparencia no es solo una cuestión técnica, sino política.
El trasfondo estratégico
No podemos ignorar el marco geopolítico. El Departamento de Defensa ha insistido reiteradamente en que su prioridad es evaluar posibles amenazas a la seguridad nacional. Desde esa perspectiva, los UAP no son un enigma cósmico, sino un potencial vector tecnológico adversario.
Estandarizar datos también significa poder detectar patrones, correlacionar sensores y descartar interferencias. Es un enfoque lógico si el objetivo es identificar tecnologías extranjeras avanzadas.
Pero, ¿qué ocurre si algunos casos siguen resistiéndose a cualquier explicación convencional? ¿Existe un protocolo para aquello que no encaja ni como dron, ni como globo, ni como artefacto adversario?
El documento no entra en ese terreno.
La apertura hacia investigadores civiles puede ser un paso histórico. Por primera vez, se institucionaliza un diálogo que durante años se produjo en los márgenes. Eso, por sí solo, es significativo.
Sin embargo, la credibilidad de este proceso dependerá de un factor crucial: la consistencia entre el discurso de colaboración y la práctica real de transparencia.
Porque la comunidad científica no necesita solo resúmenes. Necesita acceso. Necesita replicabilidad. Necesita datos completos.
Y la ciudadanía, después de décadas de contradicciones y cambios de relato, necesita algo más que comunicados cuidadosamente redactados. Necesita claridad.
La AARO ha dado un paso. Pero el verdadero examen no será el diseño de formularios ni la organización de talleres. Será la gestión futura de los casos que desafíen las explicaciones convencionales.
Al final, la cuestión que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿estamos ante una nueva era de gestión transparente de la información UAP o ante una sofisticada arquitectura para consolidar la verdad oficial bajo apariencia de apertura?
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