Matthew Sullivan: El testigo que no llegó a hablar
Murió en 2024, días antes de declarar como denunciante de ovnis en el Congreso. Su caso fue el primero de una serie que hoy investiga el FBI, el Departamento de Energía y la propia Casa Blanca.
Hay muertes que se cierran con un expediente. Y hay muertes que abren demasiadas preguntas como para que nadie se atreva a cerrarlas del todo. La de Matthew Sullivan pertenece a la segunda categoría.
Sullivan no era un nombre conocido fuera de los círculos de inteligencia militar. Había pasado años como especialista en aeronaves de quinta generación antes de ascender hasta la subdirección del Centro Nacional de Inteligencia del Aire y del Espacio (NAIC), con sede en la Base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, en Ohio. Un puesto que, en la jerarquía de la clasificación, sitúa a quien lo ocupa en los estratos más altos del conocimiento reservado del gobierno estadounidense.
En 2024, Sullivan fue contactado por David Grusch, el exoficial de inteligencia que en 2023 sacudió el Congreso al declarar bajo juramento que el gobierno norteamericano llevaba décadas ocultando programas de recuperación de objetos de origen no humano. Grusch, que había pasado 14 años en la Fuerza Aérea antes de trabajar como oficial para la Oficina Nacional de Reconocimiento, se convirtió en marzo de 2026 en asesor especial del representante republicano Eric Burlison de Misuri. Fue precisamente Grusch quien puso en contacto a Sullivan con el equipo del congresista: quería que testificara ante el Congreso.
Sullivan nunca llegó a hacerlo.
Burlison reveló que su oficina detectó el patrón de muertes y desapariciones precisamente a raíz del caso Sullivan, un individuo que tenía previsto comparecer ante él y que murió por suicidio en circunstancias que el propio congresista calificó de sospechosas. Su oficina remitió el caso al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia y al FBI, que lo consideraron "creíble y urgente".
Matthew Sullivan murió días antes de declarar como denunciante de ovnis en el Congreso. Su caso fue el primero de una serie que hoy investiga el FBI y la propia Casa Blanca. El representante Burlison se refirió en Fox a esta cadena de "desapariciones" 👇https://t.co/ZNh4NZfdVc pic.twitter.com/uHWp8zw7Qs
— Josep Guijarro (@josepguijarro) April 20, 2026
Para entender el peso del nombre de Sullivan, hay que entender dónde trabajó. Wright-Patterson no es una base militar como las demás. Desde las investigaciones de la Guerra Fría sobre objetos misteriosos en el cielo hasta los programas de estudio de fenómenos aéreos no identificados (UAP), la instalación ha desempeñado un papel central en las investigaciones reales del Ejército estadounidense.
El vínculo entre Wright-Patterson y Roswell es antiguo, controvertido y obstinadamente persistente. Sullivan era subdirector de la unidad que, dentro de esa base, se ocupa de la inteligencia aeroespacial en sus niveles más clasificados. El representante Burlison lo describió como alguien que sin duda estaba informado en los niveles de clasificación más altos y conocía algunos de los secretos más importantes de Estados Unidos.
Sullivan también había trabajado para DARPA, la agencia del Pentágono responsable del desarrollo de tecnologías que van desde Internet hasta los sistemas de invisibilidad radar.
El Inspector General entra en escena
Lo que convierte el caso Sullivan en algo cualitativamente distinto a los demás de la lista de muertes y desapariciones no es solo su perfil, sino lo que ocurrió después de su muerte.
Burlison no se quedó con la versión oficial. Presentó el caso ante el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. Según el congresista, el Inspector General encontró "alegaciones serias de mala conducta y actividades potencialmente ilegales" que sugerían que la muerte de Sullivan no había sido un suicidio.
Es una afirmación de enorme gravedad. No proviene de un foro de teorías conspirativas, sino de un organismo de supervisión interno del propio gobierno de Estados Unidos. El Inspector General de la Comunidad de Inteligencia es la institución encargada de investigar irregularidades dentro de las agencias de espionaje y defensa. Su valoración no es baladí.
Sin embargo, el caso permanece abierto. Sin conclusiones públicas. Sin imputados. Sin informe desclasificado.
La cadena se alarga
Sullivan fue, en cierta manera, el detonador. El caso de la desaparición del general retirado William Neil McCasland en febrero de 2026 fue otra señal de alarma. McCasland había participado en investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados y ocupó puestos de alta responsabilidad en el ámbito espacial.
A partir de ahí, el goteo se aceleró. Burlison señaló públicamente la existencia de una cadena de casos: Monica Reza, Anthony Chavez, Melissa Casias y Steven Garcia, todos ellos con vínculos con instalaciones sensibles, todos desaparecidos de forma similar.
De los casos documentados, dos personas murieron por disparos de arma de fuego, se cree que el cuerpo de otra fue hallado en el fondo de un lago, y el resto desapareció desde sus hogares, una carretera o una ruta de senderismo.
Según CBS News, a fecha de mediados de abril de 2026, una fuente gubernamental bien situada indicó que el FBI no investigaba las desapariciones y muertes como parte de un patrón sospechoso coordinado, y que era el Departamento de Energía, que supervisa el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el organismo que estaba revisando la situación. El portavoz del FBI se limitó a señalar que se trata de una "situación en desarrollo".
Trump habla. Pero no dice qué sabe
La presión pública llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Trump confirmó haber celebrado una reunión sobre los informes de científicos desaparecidos, dijo esperar que los casos fueran "algo aleatorio" y anunció que lo sabría "en la próxima semana y media", añadiendo que "algunas de ellas eran personas muy importantes". La portavoz Karoline Leavitt confirmó que la administración considera los informes como algo "que merece investigarse" si se verifica un patrón coordinado de ataques contra científicos estadounidenses.
El astrofísico de Harvard Abraham Loeb ofreció una perspectiva más cautelosa, advirtiendo de que no debería asignarse demasiada importancia a la coincidencia de perfiles y señalando que, aunque cada caso es un misterio que debe resolverse, no ve evidencias de un plan coordinado.
Es una voz disonante. Pero es la única, hasta la fecha, que ha puesto freno a la narrativa del patrón.
Lo que no se sabe
El caso Sullivan condensa todos los problemas epistemológicos de esta historia. Hay una muerte, hay una causa oficial, hay una institución de supervisión que la cuestiona, hay un congresista que la investiga, y hay un silencio institucional que impide resolver la contradicción.
Lo que no hay es ningún documento desclasificado. No hay autopsia pública. No hay nombre de investigador. No hay fecha de resolución prevista.
La pregunta que Burlison formuló en voz alta sigue en el aire: ¿fue Sullivan silenciado antes de hablar? ¿O hay otra explicación que nadie ha tenido el interés —o el valor— de articular públicamente?
Por ahora, el único hecho incontestable es este: un hombre que sabía demasiado, que iba a contar lo que sabía, murió antes de poder hacerlo. Y el gobierno que debería explicarlo lleva más de un año sin dar una respuesta.
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