Operación cóndor

El atractivo de los ideales marxistas de igualdad y pan para todos comenzó a extenderse en sociedades tan  desiguales como las latinoamericanas y caribeñas a partir de mediados del  siglo XX. Muchos de los ciudadanos de esos países vivían bajo regímenes dictatoriales, así que la Guerra Fría entre EE UU y la URSS  acabó trasladándose a esta región del mundo, abriéndose un nuevo frente de batalla en el que participaron activamente las  dos grandes superpotencias de entonces. El ejemplo de la revolución cubana de Fidel  Castro en 1958,  aumentó la preocupación estadounidense respecto al avance del virus marxista. Sobre todo teniendo en cuenta que ya existía un precedente intervencionista de  la CIA, que terminó con  el Gobierno revolucionario de Guatemala (1944-1954) derrocando al entonces  presidente Jacobo Árbenz.

Los golpes de  estado y cambios de  gobierno se fueron sucediendo en  gran parte de  Latinoamérica, casi  en  todos los  casos con  la inestimable colaboración de  los  servicios de  inteligencia de  EE UU. Así llegamos hasta el año 1974,  cuando tuvo lugar un  punto de  inflexión… a peor, porque las  dictaduras de Argentina, Bolivia,  Brasil,  Chile,  Paraguay y Uruguay decidieron unirse para combatir el marxismo. Así nació el Plan Cóndor (también conocido  como Operación Cóndor), en  el que participaron de  forma más esporádica los  gobiernos de  Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Todos ellos se emplearon a fondo para acabar con  cualquier conato revolucionario mediante la violación sistemática de  los  derechos humanos más cruel que se recuerda.

El 28 de noviembre de 1975 se clausuraba en Santiago de Chile una reunión secreta entre varios jefes de los servicios de inteligencia de países latinoamericanos. Destacaba la presencia del temible Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena; Jorge Casas, jefe de la delegación argentina; Carlos Mena, mayor del Ejército boliviano; José A. Pons, coronel del Ejército uruguayo; y Benito Guanes, coronel paraguayo.

PACTO SINIESTRO

Dicho encuentro se denominó Conferencia Regional de Inteligencia Nacional –más conocida como Operación  Cóndor–, y daba inicio a un sistema de cooperación entre todos los servicios de inteligencia de las dictaduras para perseguir a los disidentes políticos en la región.

Las agencias de espionaje de estos países compartieron listados de personas que debían ser eliminadas, incluso aunque residieran en Europa o EE UU. Dicho acuerdo borró las fronteras, haciendo posible que las fuerzas represivas de todas las dictaduras actuasen como un solo brazo ejecutor. En este empeño, la DINA chilena y su servicio homólogo argentino, la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), se convirtieron en la punta de lanza de la Operación Cóndor. El encuentro había sido auspiciado por la inteligencia estadounidense, que hizo mucho más que fomentar una colaboración, sino que también formó a los militares latinoamericanos en el uso del terror. Al fin y al cabo, era el medio más adecuado de mantener alejado el marxismo de lo que EE UU consideraba su «patio trasero».

Cóndor nació bajo el supuesto de la «teoría de los dos demonios»: una pretendida guerra entre la izquierda y la derecha, pero lo cierto es que los militares exageraron hasta límites insospechados la amenaza de los grupos opositores, considerando terrorista a cualquiera de sus miembros o a aquellos que tenían una ideología o forma de vida alejada de lo que las dictaduras consideraban adecuada. Así, no tuvieron reparo en torturar  y asesinar a sacerdotes que defendían la teología de la liberación, a homosexuales, a transexuales, a ateos, a Testigos de Jehová, etc. La realidad es que crearon un estado paralelo donde cualquier ciudadano podía ser secuestrado y asesinado sin causa judicial ni registro oficial de ningún tipo. Los derechos humanos eran violados por sistema. No se trataba de excesos puntuales por parte de determinados militares,  sino de una implicación total de los ejércitos.

Durante muchos años, a pesar de las numerosas noticias de prensa, la existencia del Plan Cóndor fue sistemáticamente negado. Cuando el familiar de un detenido –generalmente por policías de paisano– iba a denunciar la desaparición, los agentes negaban cualquier conocimiento del hecho. Era como si se lo hubiese tragado la tierra: no existía registro alguno de su paradero y ningún estamento oficial ofrecía información. Era evidente que algo estaba pasando, pero durante años  dominaron el miedo, la negación y el silencio.

Este es un fragmento de un artículo publicado en el Nº 325 de AÑO/CERO del mes de agosto de 2017.