El Pentágono levanta el candado

Durante años, cada vez que un militar retirado ha contado algo interesante, la conversación terminaba siempre en el mismo punto muerto: «no puedo decir esto delante de la cámara». No era por miedo a los hombres de negro. Era miedo a un papel. A un contrato de confidencialidad firmado veinte años atrás que sigue vivo, que no caduca con el retiro y que puede costar la pensión, la acreditación de seguridad o directamente un proceso penal.

Ese papel acaba de perder parte de sus dientes.

El Departamento de Guerra (denominación que la administración Trump dio al antiguo Departamento de Defensa/Pentágono) anunció el 14 de septiembre de 2026 la emisión de una exención legal específica —un legal waiver— que autoriza a personal militar, civil y contratistas, en activo o retirados, a entregar información de defensa nacional relacionada con fenómenos anómalos no identificados a los representantes designados de PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), el sistema creado por la Casa Blanca para revisar y publicar expedientes UAP.

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Qué anula exactamente (y qué no)

Aquí es donde conviene leer despacio, porque medio internet ya lo ha contado mal. La exención deja sin efecto las disposiciones de aplicación civil y administrativa contenidas en los acuerdos de confidencialidad (NDA) y en los acuerdos de indoctrinación en programas de acceso especial (SAPIA) firmados previamente en Estados Unidos, estrictamente para las comunicaciones dirigidas al equipo de PURSUE.

Traducido: si usted trabajó en un SAP (Programa de Acceso Especial) relacionado con material anómalo y firmó un SAPIA, puede sentarse delante de un representante de PURSUE y contarlo sin que le apliquen las penalizaciones contractuales por incumplimiento. El Departamento subraya que la exención no crea una autoridad de revelación pública sin restricciones, sino un proceso controlado mediante el cual la información puede revisarse por motivos de seguridad y evaluarse para una posible desclasificación antes de una difusión más amplia y de paso "ponemos nombre al chivato".

Por qué importa de todos modos

Con todas las cautelas anteriores, sería un error minimizar el movimiento. Durante décadas, el personal militar y los contratistas con conocimiento de programas clasificados vinculados a UAP han alegado que hablar del tema podía exponerles a sanciones legales, a la pérdida de sus acreditaciones de seguridad o a otras consecuencias administrativas. Ese argumento —el más citado por los escépticos para explicar el silencio, y el más citado por los creyentes para explicar el encubrimiento— acaba de quedarse sin coartada.

A partir de ahora, quien afirme saber algo y no lo lleve a PURSUE tendrá que explicar por qué. Y ese desplazamiento de la carga de la prueba es, políticamente, demoledor.

David Grusch denunció la existencia de programas secretos de recuperación

El analista Marik von Rennenkampff, exfuncionario del Departamento de Estado y comentarista habitual sobre la cuestión UAP, ha calificado la medida de paso extraordinario en la dirección correcta y ha señalado que demuestra cierta seriedad por parte de la administración, además de apuntar que el lenguaje concreto del waiver determinará si David Grusch —el exoficial de inteligencia cuyo testimonio en 2023 destapó la existencia presunta de programas de recuperación de material no humano— seguirá siendo atacado por sus afirmaciones. Grusch ha reclamado de forma reiterada protecciones más sólidas para los denunciantes y mayor transparencia en las actividades relacionadas con UAP.

El calendario de un año extraordinario

• 8 de mayo de 2026 Apertura del portal PURSUE en war.gov/ufo, el primer repositorio oficial de expedientes UAP.
• 9 de junio de 2026 Acto en las escalinatas del Capitolio con David Grusch, el almirante Tim Gallaudet y la periodista Leslie Kean.
• Junio–septiembre de 2026 Publicación sucesiva de las entregas documentales de PURSUE, incluida la ya célebre grabación del «fantasma oscuro» del Atlántico.
• Septiembre de 2026 Quinta entrega de PURSUE, con avistamientos que incluyen encuentros civiles, el testimonio de dos agentes especiales del Gobierno estadounidense y vídeo térmico de dos anomalías infrarrojas de desplazamiento lento.
• 14 de septiembre de 2026 El Departamento de Guerra emite la exención legal que abre el canal de testimonios.

Lo que vigilaré a partir de ahora

Como periodista, la pregunta que me interesa no es si habrá testigos. Los habrá. La pregunta es qué ocurre después. Un canal cerrado de revelación produce dos resultados posibles: una desclasificación ordenada o un embudo perfecto donde los testimonios entran y no vuelven a salir. El mecanismo es el mismo; lo que cambia es quién controla la válvula.

Al contrario de lo sucedido con el desclasificado NSA TOP SECRET UMBRA, donde el documento llegó a la opinión pública por vía FOIA y sin intermediación política, aquí el flujo depende íntegramente de la voluntad del propio organismo que custodia el secreto. Es una diferencia estructural, no de matiz.

Estaré atento a tres indicadores: si se publica el texto íntegro del waiver; si el Congreso —con Anna Paulina Luna, Eric Burlison y Tim Burchett a la cabeza del grupo de trabajo sobre desclasificación— exige que la exención se extienda también a las comparecencias ante el Legislativo; y si algún nombre reconocible da el paso en las próximas semanas. Ese tercer punto será el termómetro real.

De momento, y por primera vez en ochenta años, un militar estadounidense con un SAPIA firmado puede descolgar el teléfono. Veremos quién marca.